El Gobierno renuncia a permitir el cierre de sitios web sin orden judicial
Las páginas web no podrán ser cerradas o bloqueadas por las entidades de gestión de derechos de autor sin una orden judicial. El Ministerio de Industria, en efecto, ha retirado ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (CATSI) el polémico anteproyecto de Ley que dejaba en manos de dichas asociaciones (SGAE, CEDRO, etc.) la puesta en marcha de procedimientos de urgencia para cerrar páginas web que supuestamente estuvieran vulnerando derechos de propiedad intelectual.
FUENTE | ABC Periódico Electrónico S.A.
El anteproyecto recogía y ampliaba el contenido de un artículo, el «17 bis», inicialmente incluido en la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), de la que fue retirado tras el dictamen negativo del Consejo de Estado y las reacciones suscitadas entre usuarios, operadoras, industria y demás sectores afectados.
Tras el retraso «sine die» de la Ley del Cine, la retirada de la Ley del Vino o las rectificaciones en la Ley del IRPF o en la Reforma de Estudios Universitarios, la iniciativa tomada por el Gobierno vuelve a reflejar, una vez más, su tendencia a evitar o retrasar las cuestiones que generen una excesiva polémica o rechazo social.
RECHAZO GENERAL
Sin embargo, el anteproyecto de Ley sobre infracciones de la Propiedad Intelectual retirado fue rechazado, en el seno del Consejo Asesor, por todos los sectores que integran ese organismo, que coincidieron en calificar su retirada como «un triunfo democrático».
En su intervención inicial ante el CATSI, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, admitió las críticas recibidas durante los últimos días y aseguró que el texto del anteproyecto pasaba a ser considerado como «un documento de trabajo» sobre el cual abrir un debate posterior. Industria no aprobará, aseguró un portavoz del ministerio, ninguna norma jurídica que otorgue a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual capacidad para promover el cierre de páginas web que puedan ejercer supuestas actividades ilegales, «ni dentro del articulado de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información, ni en otra independiente». Ros invitó a los representantes del sector a una «mesa de debate», que deberá presentar, en dos meses, sus conclusiones.
Después del secretario de Estado, fueron tomando la palabra los diferentes consejeros. El mensaje conciliador del discurso inicial evitó que se produjeran enfrentamientos, aunque se hicieron patentes las principales objeciones. Los representantes de las televisiones, por ejemplo, criticaron el hecho de dar «demasiado poder» a las sociedades de derechos de autor y de discriminar, al mismo tiempo, a los propietarios y titulares de los derechos, como pueden ser las propias empresas televisivas.
EJERCER DE POLICÍAS
Los representantes de las operadoras de telefonía añadieron, además, que no estaban dispuestos a «ejercer de policías», ya que el texto legal les obligaba a desconectar, a instancia de las entidades de gestión de derechos, las páginas web de sus clientes. Las asociaciones de usuarios, por su parte, afirmaron que «era una pena» tirar por la borda dos años de colaboración y de trabajo «por un anteproyecto que nadie había pedido».
Los ocho representantes de las entidades de gestión de derechos, invitados como observadores, calificaron de «fracaso» y «burla» la reunión, que abandonaron antes de que terminara, acusando al Gobierno de haber «incumplido el compromiso» adquirido desde «hace ya tres años». En un comunicado que encabezan Egeda, Promusicae, Sgae, Aie, Aisge y Fap, dichas entidades afirman que «la actitud de Industria rompe el equilibrio que el proyecto de Ley quería instaurar y desprecia la protección de contenidos en Internet».
Autor: José Manuel Nieves
y se me había pasado algo así por la cabeza como “vaya, seguro que no se mencionada nada de ese tema”. Pero me equivocaba. Unas frases después el autor reflexionaba sobre el vegetarianismo.
¿Sería coherente hacerlo? Se admiten opiniones… Tal vez la solución sea sencilla y la editorial no tenga ningún problema en retirarlo (cosa que veo poco probable, por otra parte). No sé, me parece especialmente delicado en tiempos en que parecen que las leyes pueden cambiar a peor, y con las presiones de la UE de por el medio, como con el tema del canón en las bibliotecas. 
